Según Navarro (1999,33) el término
sector publico encierra un conjunto de instrumentos y actuaciones de la Administración
Publica, en sus diferentes niveles territoriales, tanto en la provisión de
bienes y servicios a los ciudadanos como en su intervención directa como agente
en la economía de mercado. Una parte muy importante, y escasamente identificada
con el sector público, lo constituye la actividad centrada en las producciones
de bienes y servicios dirigidas al mercado, a través de la participación del Estado
en empresas. Esta actuación del estado no debe verse como un afán
desproporcionado por controlar la actividad económica de las naciones, sino por
el contrario como el resultado de una vinculación con el entorno en función del
desarrollo. El principal agente que actúa en
el sector público es la empresa pública. Navarro (1999,39) la define como
“aquellas sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la
participación, directa o indirectamente del estado”.
En efecto, a partir de la promulgación
de la constitución vigente, las acciones del estado para profundizar su
participación en la economía han experimentado un aumento exponencial, llegando
a niveles de competencia directa con agentes económicos privados. Allí
precisamente radica la importancia que tienen las empresas públicas en
Venezuela, dado que el Estado ha recurrido de manera considerable a la
explotación de establecimientos empresariales para cumplir con sus cometidos y
para la prestación de los servicios públicos que la Constitución asigna a su
cargo, igualmente de esta forma cumple con su obligación de promocionar la
descentralización en el país, obligación que se heredó de las anteriores
iniciativas del Estado.
El fin último de la creación y
sostenimiento de empresas públicas es (una vez establecido que la prestación de
servicios públicos es obligatoria por parte del Estado) es la producción de
bienes y servicios que aporten de manera sustancial al producto interno bruto,
generando las condiciones para revertir el desequilibrio existente entre
importaciones y exportaciones, fortaleciendo el producto nacional bruto. Para
ello es imprescindible una gestión eficiente y eficaz, que solo se logra a
través de la visión sistémica de la realidad actual del país. Debe entenderse
que lucro y bienestar social no son conceptos mutuamente excluyentes, que la
mejor manera de lograr bienestar es a través de empresas solidas, con
estructuras financieras viables y sostenibles en el tiempo, no dependientes del
subsidio u otros instrumentos de apalancamiento financiero que solo significan
un gasto ineficiente para el estado.
Siendo así, las empresas del
estado, desde el momento mismo de su concepción, tienen la posibilidad de
valerse de herramientas de gestión mal concebidas desde el punto de vista
cultural como aplicables a la empresa con fines de lucro. Herramientas tales
como el cuadro de mando integral, que engloba todos los aspectos de una
organización a largo, mediano y corto plazo en función de establecer
indicadores de gestión claros, precisos, pero a la vez útiles para medir el
éxito o fracaso de las actividades cotidianas de la misma.
Muñiz y Monfort (2005,30) definen
el cuadro de mando integral como “el proceso que permite traducir los objetivos
estratégicos en resultados. La utilización de este instrumento permite a la
dirección centrar su atención en lo que considera más importante para conseguir
los objetivos estratégicos previstos”.
Saber hacia dónde se pretende ir,
que se pretende hacer, que se prevé cumplir, esta dado por el establecimiento
de los objetivos, tanto generales como específicos. Tener bien claro dichos
objetivos ayuda al momento del diseño del CMI, en función de que los
indicadores medirán esencialmente el cumplimiento o no de los mismos. Esto se
traduce en estar claro si el objetivo es sostenerse o crecer, minimizar costos
o invertir en desarrollo e innovación a mediano o largo plazo; decisiones
claves para establecer indicadores claves.
Muchas empresas, tanto públicas
como privadas, comparten un mal llamado falta de identidad. Esto se da por la
falta de información, o en ocasiones ausencia total de la misma, relacionada
con aspectos básicos tales como reseña histórica de la organización, misión,
visión, valores, claves para saber de dónde se viene y hacia donde se pretende
conducir a la misma. Esta situación, aunada a la falta de relación con el
entorno circundante, trae consigo deficiencias en el desarrollo de una cultura
empresarial adecuada. Por lo tanto se hace imperativo cambiar la perspectiva
cultural, y el CMI es una muy buena manera de hacerlo.
El estudio del ambiente
organizacional, tanto interno como externo, tiene en la matriz FODA una de las
herramientas más útiles. David (2003,200) la define como “una herramienta de
ajuste importante que ayuda a los gerentes a crear cuatro tipos de estrategias:
estrategias de fortalezas y oportunidades (FO), estrategias de debilidades y
oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y amenazas (FA) y estrategias de
debilidades y amenazas (DA)”. Los encargados de gerenciar las empresas públicas
deben valerse de esta herramienta en aras de proveer bienes y servicios de la
mejor calidad a la ciudadanía.
Las cuatro perspectivas
aplicables en el diseño del CMI también son objeto de estudio y planificación
por parte de las empresas públicas. El aspecto financiero es fundamental; una
empresa que no es rentable, no es solida, simplemente no es viable, y las
empresas del Estado no escapan a esta premisa. Esto puede verse beneficiado por
el establecimiento de un nuevo paradigma gerencial, con tendencia hacia la
satisfacción de las necesidades colectivas antes que las individuales o las
creadas artificialmente por las culturas consumistas modernas; con apego a la
legalidad, a la libre competencia, al cuido del medio ambiente, por nombrar
factores claves.
Se puede decir que el Estado se
encuentra frente a un reto histórico, el convertir las suspicacias generadas
por un modelo económico donde tenga una importante participación la empresa pública
en un puntal del desarrollo del país especialmente si esto significa reducir el
desequilibrio existente entre lo que consumimos y lo que producimos; principal
causa de un sistema económico altamente dependiente del gasto publico. El
camino es largo, pero existen ejemplos históricos que conminan a seguir por
esta senda, si bien hay que corregir muchas fallas.
Referencias Bibliográficas
Navarro Luna, Javier. Territorio
y Administraciones Públicas en Andalucía. Universidad de Sevilla, 1999.
Muñiz, Luis; Monfort Enric.
Aplicación práctica del cuadro de mando integral. Ediciones Gestión 2000.
Barcelona, 2005.
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